El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) atravesó una jornada decisiva este lunes 12 de enero de 2026, marcada por la reconfiguración de su cúpula directiva. En una sesión extraordinaria que convocó a los magistrados y conjueces del alto tribunal, se oficializó que la jueza Daniella Camacho se queda en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia hasta elegir nuevas autoridades. Esta decisión surge tras la dimisión de quienes hasta hoy lideraban la institución, en un esfuerzo por mantener la estabilidad de los magistrados y proteger la institucionalidad judicial del país. El encuentro tuvo como propósito central definir el encargo de las funciones que anteriormente lideraba el doctor José Suing Nagua.

La reunión plenaria se instaló con el objetivo de analizar un punto único en el orden del día: el conocimiento y resolución sobre la situación de las autoridades encargadas. Durante el desarrollo de la misma, se confirmó que la magistrada Camacho asumirá el mando operativo para conocer los procesos administrativos pendientes y asegurar una resolución coherente con las necesidades del sistema. Los jueces presentes enfatizaron la necesidad de contar con autoridades que garanticen la continuidad técnica, mientras se organiza el proceso formal para designar a los titulares definitivos de la Función Judicial.

Marco legal y sucesión institucional

El ascenso de la jueza Camacho a la dirección del organismo no es fortuito, sino que responde a lo establecido en la Resolución No. 03-2024 expedida por el Pleno el 27 de marzo de 2024. Según esta normativa, ante la Daniella Camacho se queda en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia hasta elegir nuevas autoridades debido a que, por orden de designación, le corresponde asumir ante la vacante simultánea de la presidencia y la subrogancia. Su condición como la jueza nacional de más antigüedad fue el factor determinante para aplicar este mecanismo de sucesión ante la ausencia definitiva de los directivos previos. Enma Tapia Rivera, quien actuaba como presidenta subrogante, también declinó su posición durante la misma jornada.

La validez de este proceso se sustenta en el artículo 1 de la resolución antes mencionada, la cual fue certificada por la secretario general de la época, Dra. Isabel Garrido Cisneros. El documento legal aclara que, en situaciones excepcionales, el Pleno debe garantizar que la administración de justicia no se detenga, permitiendo que la magistrada con mayor experiencia lidere la transición. De este modo, se busca evitar que la vacante en la cabeza del organismo genere un perjuicio en el despacho de las causas que competen a la justicia ordinaria ecuatoriana.

El fin de la gestión de José Suing y la nueva gestión de Daniella Camacho

La salida de José Suing Nagua se precipitó en medio de un fuerte escándalo relacionado con la figura de Mario Godoy, actual titular de la Judicatura. Suing ha sido duramente cuestionado por haber incluido a Godoy en dos ocasiones dentro de las ternas enviadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta situación se agravó tras las alertas sobre presuntas presiones para favorecer a un ciudadano extranjero vinculado al narcotráfico, lo que activó mecanismos de fiscalización en el ámbito legislativo. Por ello, se determinó que Daniella Camacho se queda en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia hasta elegir nuevas autoridades para despejar sombras de duda sobre el organismo.

A pesar de las críticas, Suing defendió su gestión iniciada el 7 de febrero de 2024, asegurando que actuó siempre con convicción y apego a la Constitución. En su comunicado de renuncia, destacó que bajo su mando se logró integrar plenamente las seis Salas Especializadas, superando déficits estructurales que fueron heredados de administraciones anteriores. El magistrado saliente insistió en que su decisión de apartarse busca que la Corte mantenga su independencia y rigor técnico, alejándose de cualquier ambición personal que pudiera afectar la imagen de la justicia nacional.

La renuncia de la subrogante Enma Tapia

Por su parte, la jueza Enma Tapia justificó su dimisión como presidenta subrogante bajo la premisa de facilitar decisiones colectivas y transparentes. En su intervención, Tapia señaló que su retiro busca aportar claridad al marco jurídico actual y evitar que los cuestionamientos públicos logren trasladarse a la operatividad diaria del alto tribunal. Al igual que Suing, defendió la necesidad de actuar con posturas serenas que prioricen el bienestar de la institución por sobre los nombres propios. En este contexto de reestructuración, Daniella Camacho se queda en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia hasta elegir nuevas autoridades con el encargo de liderar la sesión y la dirección de la entidad.

El ex-presidente Suing fue enfático al rechazar el uso de su nombre o el de su familia para fines políticos, reafirmando que la terna enviada en julio de 2025 se realizó sin acuerdos oscuros. Para asegurar la transparencia del proceso venidero, Suing anunció que se abstendrá de proponer o apoyar a cualquier candidato para la nueva directiva. Esta medida garantiza que la transición se desarrolle bajo los principios de la jurisprudencia vigente, mientras él deberá retomar sus funciones jurisdiccionales ordinarias como juez nacional tras formalizarse su desencargo.

Estabilidad judicial en el corto plazo antes del cese de funciones de Daniella Camacho

La base constitucional de la Corte, según el artículo 182, establece que el organismo debe integrarse por veintiún jueces que eligen a su representante para un periodo de tres años. Esta normativa de carácter obligatoria es la que guía los pasos que deberá seguir el Pleno en las próximas semanas. Mientras tanto, la vigencia de la presidencia encargada permite que el servicio público de justicia no se vea menoscabado por la crisis política externa. Es imperativo que la normativa se cumpla estrictamente para garantizar la legitimidad de quien resulte electo en votación escrita y secreta. En este interín, Daniella Camacho se queda en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia hasta elegir nuevas autoridades.

El compromiso de los magistrados es colaborar activamente con quien asuma el mando definitivo para fortalecer la confianza ciudadana. La labor en los despachos jurisdiccionales continuará de forma regular, enfocada en el fortalecimiento institucional que el país demanda en estos momentos de tensión. La prioridad absoluta de la justicia ordinaria es mantenerse concentrada en su misión esencial: administrar ley con rigor y absoluto respeto al debido proceso. La magistrada Camacho tendrá la responsabilidad de velar por estos principios hasta que el ciclo de elección concluya exitosamente.