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La publicación de la asambleísta generó revuelo al coincidir con la recomendación del presidente Daniel Noboa a Godoy para que renuncie.
La convocatoria se emitió una semana después de que el pleno de la Asamblea aprobara por unanimidad, el 21 de diciembre, llamar a Godoy para explicar su actuación.
La sentencia, emitida el mismo 26 de noviembre de 2025, reconoce la vulneración de derechos constitucionales de la asambleísta de la Revolución Ciudadana.
Carlos Alarcón, fiscal general encargado, pidió archivar la investigación contra Daniel Noboa, su esposa y directivos mineros por presunto tráfico de influencias.
La decisión se tomará tras analizar las pruebas presentadas en la queja formulada por la asambleísta Nataly Morillo, de ADN.
El artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la oferta para realizar tráfico de influencias se sanciona con penas que van de tres a cinco años de prisión.
