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La audiencia de juicio por el caso de las pruebas covid-19 se reinstaló en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Fiscalía presenta evidencias contra Abdalá Bucaram y su hijo por el delito de delincuencia organizada.
La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por las amenazas y presiones que enfrentan jueces anticorrupción en Ecuador, tras denuncias formales y la renuncia de un magistrado.
En la carta, los magistrados destacaron que en los últimos años han sido objetivos directos de ataques letales, en medio de una crisis de violencia que coincide con la presencia de grupos criminales organizados.
La legisladora Viviana Veloz (RC) lideró el anuncio, argumentando la necesidad de fiscalizar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y datos sensibles.
La medida, emitida en medio de debates sobre violencia y crimen organizado, no contó con el apoyo de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y parte de Pachakutik, generando acusaciones mutuas.
La organización subrayó que los contratos con Progen estaban destinados a instalar generadores eléctricos terrestres para las centrales Quevedo y Salitral.
