El viernes 9 de enero de 2026, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana, provincia de Manabí, emitió una resolución que declara al río Portoviejo como sujeto de derechos con especial protección. La decisión responde a una acción de protección interpuesta por el Colectivo Intercomunitario por la Defensa Ecológica del Río Portoviejo (CIDER), con el fin de frenar la contaminación sistémica provocada principalmente por descargas de aguas servidas y fallas en sistemas de tratamiento de municipios aledaños.
La acción constitucional fue presentada por el Colectivo CIDER tras un proceso de recopilación de información técnica y académica que duró aproximadamente año y medio. José Castro Morteira, coordinador del colectivo, indicó que la lucha por la defensa del río lleva más de 20 años por parte de las comunidades afectadas.
Durante la audiencia, el juez estableció tres resoluciones principales de manera oral:
- Declarar al río Portoviejo como sujeto de derechos y de especial protección.
- Disponer la elaboración y ejecución de una planificación a mediano y largo plazo para el tratamiento de aguas residuales, a cargo del Municipio de Santa Ana.
- Establecer mecanismos de supervisión con participación ciudadana.
Contexto de la contaminación y responsabilidades compartidas
La contaminación del río Portoviejo es atribuida principalmente a omisiones y acciones de gobiernos municipales, incluyendo descargas directas de aguas servidas y deficiencias en sistemas como las lagunas de oxidación. Marcelo Toala, abogado patrocinante del colectivo CIDER, explicó que la problemática no se limita al cantón Santa Ana, sino que involucra a otros municipios como Portoviejo y Rocafuerte, los cuales también deben asumir compromisos para el saneamiento.
Se presentaron como pruebas estudios científicos y químicos, opiniones de expertos, revisión de planes de desarrollo y operativos anuales, además de registros fotográficos que evidencian las descargas directas al río.
Mecanismos de supervisión y guardianes designados
Como guardianes del cumplimiento de la sentencia fueron designados el Colectivo CIDER, el Observatorio del Agua, la Asamblea Cantonal de Santa Ana y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades participarán en la supervisión de las medidas ordenadas.
La sentencia incluye medidas de ejecución inmediata y otras de cumplimiento progresivo, que serán evaluadas en el tiempo. La parte demandada aún puede apelar ante la Corte Provincial de Justicia, aunque el proceso cuenta con un sólido respaldo probatorio, según indicó el abogado Toala.
Antecedentes en Ecuador sobre ríos como sujetos de derechos
Con esta resolución, el río Portoviejo se convierte en el quinto afluente reconocido como sujeto de derechos en Ecuador. Los anteriores incluyen los ríos Machángara y Monjas en Quito, Vilcabamba en Loja y Aquepí en Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta figura jurídica se fundamenta en la Constitución ecuatoriana, que reconoce los derechos de la naturaleza desde 2008.
