Estados Unidos exigió la liberación inmediata del pastor evangélico nicaragüense Rudy Palacios, detenido desde julio de 2025 en Jinotepe, Carazo, por predicar por la paz y criticar la represión estatal. El Departamento de Estado de EE. UU. argumentó que su encarcelamiento viola derechos humanos y pone en riesgo su salud, ya que es sobreviviente de cáncer y requiere atención médica regular. Horas después, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió a través de la Procuraduría General de la República, calificando a Palacios de “malhechor” y acusándolo de terrorismo y planificación de ataques contra el Estado.
La demanda estadounidense fue difundida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y replicada por la embajada de EE. UU. en Managua. En el pronunciamiento, Washington destacó que Palacios y uno de sus familiares encarcelados son sobrevivientes de cáncer, y enfatizó que su detención se debe a expresiones críticas contra violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno nicaragüense. Esta acción forma parte de un patrón de detenciones contra opositores, según el Departamento de Estado, que citó al menos 62 personas consideradas presas políticas por organismos humanitarios, incluyendo adultos mayores y casos de desaparición forzada, avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Detalles del arresto del pastor Palacios
La Policía nicaragüense arrestó el 17 de julio de 2025 al pastor evangélico Rudy Palacios junto a cuatro miembros de su familia durante una serie de detenciones en Jinotepe, Carazo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 16 de septiembre de 2025 medidas cautelares a favor de Palacios, su esposa Olga María Lara, su hija Jessica, su yerno Pedro López y su cuñado Armando Bermúdez, luego de que las autoridades los reportaran como desaparecidos tras la detención. Las autoridades lo acusaron de alta traición por sus críticas públicas a la represión estatal.
A finales de julio de 2025, Palacios y sus familiares fueron procesados en una audiencia virtual de trámite rápido. La acusación formal incluyó delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y traición a la patria. El gobierno nicaragüense utiliza recurrentemente estas figuras penales contra opositores, líderes religiosos y activistas críticos. La organización internacional Christian Solidarity Worldwide (CSW), con sede en Londres, documentó el caso y en julio exigió la liberación inmediata de Palacios y de otras siete personas detenidas ese día.
Intervención de organizaciones internacionales
Según CSW, las capturas ocurrieron tras años de hostigamiento contra Palacios por denunciar violaciones de derechos humanos. La organización pidió a la comunidad internacional intervenir diplomáticamente para conocer el estado de los detenidos y exigir su libertad. Entre las personas procesadas junto al pastor figuran sus hermanas Arely y Jéssica Palacios; sus cuñados Pedro José López Calero y Armando Bermúdez Mojica. También los activistas Mauricio Alonso Petri y Mauricio Alonso Estrada, padre e hijo, miembros del equipo de alabanza de su iglesia. Asimismo, la exconcejala Olga María Lara Rojas, descrita como cristiana protestante y amiga cercana de la familia.
El pronunciamiento de EE. UU. reiteró que el encarcelamiento de Palacios integra un grupo de presas políticas documentadas por la CIDH. En respuesta, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua emitió un comunicado la noche del 22 de diciembre de 2025, titulado “No son pastores, son malhechores”. En él, presentó a los detenidos como criminales vinculados a acciones terroristas de 2018, acusándolos de destruir bienes materiales y causar violencia.
Acusaciones del régimen nicaragüense
El comunicado oficial señaló: “En el contexto de las acciones terroristas del 2018, grupos de personas vinculadas a personas y organizaciones extremistas, hoy apátridas, participaron destruyendo bienes materiales y regando sangre bendita de nicaragüenses”. Específicamente, mencionó a Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada. También a Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas como culpables de violentar la Constitución. Asimismo, agredir la paz y destruir vidas y valores nicaragüenses.
Según el régimen, Palacios y los demás huyeron del país para evitar la ley y regresaron clandestinamente con intenciones de planificar nuevas agresiones. El texto afirmó que las autoridades capturaron, procesaron y condenaron a las personas, respetando sus derechos durante el proceso. Ellos permanecen recluidos en centros penitenciarios, cumpliendo sentencia conforme al ordenamiento jurídico nicaragüense.
