La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, entre mayo y diciembre de 2025, en la Asamblea Nacional, trató dos proyectos de ley y ejecutó procesos de fiscalización, con énfasis en los contratos del caso Progen, para fortalecer control y derechos.
Ajustes normativos y seguimiento institucional
Durante el período señalado, la Comisión de Transparencia mantuvo una agenda legislativa y de control político orientada a ajustes normativos y seguimiento institucional. En ese marco, se priorizaron reformas legales y comparecencias de autoridades públicas. Además, se revisaron programas estatales vinculados a política social y justicia.
Uno de los ejes fue el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, propuesto por la asambleísta Lucía Pozo. La Comisión recopiló observaciones técnicas y jurídicas para ordenar el debate. El texto plantea un procedimiento especial, con plazos definidos.
La iniciativa establece una duración estimada de entre uno y un año y medio para los procesos de adopción. También define competencias concurrentes entre jueces del domicilio del niño o del adoptante. Asimismo, fija plazos perentorios y estandariza etapas judiciales.
Procesos de adopción
El proyecto incluye reformas a los comités de asignación familiar y fortalece el patrocinio legal mediante la Defensoría Pública, consultorios jurídicos y la academia. De igual forma, prioriza el interés superior del niño, niña o adolescente sobre el parentesco.
Otro frente legislativo fue el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Según la propuesta, existen vacíos normativos que habrían debilitado el sistema constitucional. La Comisión abordó este tema como parte de su planificación.
La iniciativa sostiene que el uso reiterado de acciones constitucionales generó efectos económicos para el Estado. Por ello, el análisis se enfocó en ajustes legales que ordenen procedimientos y delimiten competencias, dentro del marco constitucional vigente.
Garantías jurisdiccionales y control
En paralelo, la Comisión avanzó en procesos de fiscalización. Con seis votos a favor, aprobó el informe sobre los contratos suscritos por Celec EP con Progen Industries LLC y Austral Technical Management S. A. S.. El examen se centró en contrataciones emergentes.
El informe de mayoría señala que los contratos para generación eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas fueron objeto de un examen especial. Estos antecedentes constan en la Contraloría General del Estado, que determinó responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios penales.
Otro proceso abordó el programa estatal de redistribución de recursos, tras la eliminación del subsidio al diésel. La Comisión recibió información del Ministerio de Desarrollo Humano sobre metodología y mecanismos de implementación de bonos temporales.
Derechos y fiscalización adicional
En materia de derechos, el Consejo de la Judicatura informó sobre acciones para proteger a personas adultas mayores. La subdirectora Ingrid Rassa explicó que el trabajo se articula con el MIES y organizaciones civiles, dentro del sistema especializado de protección.
Finalmente, la Comisión recibió datos de la Fiscalía General del Estado sobre investigaciones por delitos contra la integridad sexual. Se reportaron 86.962 denuncias entre 2015 y 2025. Además, continúa la fiscalización a operadores de justicia por una denuncia contra el asambleísta Santiago Díaz Asque.
