La madrugada del 8 de enero de 2026, autoridades penitenciarias y de seguridad llevaron a cabo la reubicación de 557 presos en diferentes centros de la provincia de Manabí, Ecuador. Desde el CRS Manabí N.° 2 (Jipijapa) trasladaron 345 hombres al CPL Manabí N.° 4 (El Rodeo, Portoviejo) y 72 integrantes del GAO Los Choneros al CRS N.° 3 (Sucre, Bahía de Caráquez), según información de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente, desde el CRS Tomás Larrea (Portoviejo) movilizaron a 140 mujeres hacia Jipijapa, dejando temporalmente esa instalación sin población femenina y convirtiéndola —por ahora— en un centro exclusivamente para mujeres.

El despliegue coordinado entre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Policía Nacional y Fuerzas Armadas buscó fortalecer el control interno y reducir riesgos de violencia en los recintos más conflictivos. Sin embargo, el SNAI no emitió pronunciamiento oficial sobre los motivos específicos ni sobre el futuro del CRS Tomás Larrea, lo que alimentó rumores de un cierre definitivo.

Reubicación de presos genera reacciones divididas en la comunidad

En los alrededores del CRS Tomás Larrea, los vecinos muestran opiniones encontradas. María (nombre protegido), propietaria de una tienda cercana, lamenta el impacto económico inmediato. Durante años, el flujo constante de familiares y amigos de las reclusas sostuvo el consumo en pequeños negocios de comida rápida, bebidas y artículos básicos. Con la salida de las 140 mujeres, esos ingresos prácticamente desaparecieron de un día para otro.

Por otro lado, Juan (nombre protegido) considera que el cierre sería una oportunidad histórica. Cree que los terrenos podrían destinarse a áreas verdes, un parque recreativo o incluso infraestructura de salud mental, como un centro psiquiátrico, proyecto que dice haber escuchado en conversaciones de dirigentes locales.

Germán, residente desde hace más de 20 años en la calle Mariscal de Ayacucho, expresa preocupación por la seguridad. Desde hace más de un año, la presencia permanente de militares y policías que custodiaban la vía que era cerrada al tránsito vehicular por la noches, garantizaba la tranquilidad en el sector. Con la posible salida definitiva de la población penal, teme que la zona pierda esa protección constante y aumente la percepción de inseguridad.

La angustia de los familiares

En los exteriores de El Rodeo y Bahía, la escena se repite: decenas de personas pernoctan entre veredas y comercios del sector, esperando cualquier noticia. Muchos no recibieron aviso previo del traslado, lo que les generó gastos inesperados en transporte y alimentación, además de una enorme incertidumbre.

La familia de Pedro S., de 76 años, se encuentra especialmente angustiada. Aducen que su estado de salud es delicado y que no estaría recibiendo la medicación adecuada en el nuevo centro. Consideran que, por su edad avanzada, debería haber sido beneficiado con arresto domiciliario. Otros familiares reportan situaciones similares: reclusos con enfermedades crónicas que, según ellos, no reciben el tratamiento continuo necesario.

Una fuente que trabaja en el CPL El Rodeo, bajo condición de anonimato, confirmó que con la llegada de los últimos contingentes, la población penitenciaria superó los 2.000 reclusos, cuando la capacidad oficial es de 1.970. En el CRS de Bahía, que hasta 2022 tenía capacidad para 433 personas, ahora alberga además a los 78 trasladados de la cárcel de Jipijapa, con capacidad histórica de 140 plazas, y ahora recibe exclusivamente a las mujeres provenientes de la cárcel Tomás Larrea y a cuyas mujeres que cometan algún delito en la provincia.

El silencio institucional y los rumores

Hasta el cierre de esta edición, ni el SNAI, ni el Ministerio de Gobierno emitieron pronunciamiento oficial sobre los traslados ni sobre el futuro del CRS Tomás Larrea. Algunas fuentes cercanas al sistema penitenciario especulan con tres escenarios: cierre definitivo, remodelación integral para convertirlo en un centro más moderno y funcional, o reconversión a otro uso administrativo.

El centro penitenciario ubicado en la calle Mariscal de Ayacucho, con aproximadamente 4.865 metros cuadrados, se encuentra en una zona urbana consolidada de Portoviejo, lo que hace que cualquier decisión sobre su destino genere debate entre vecinos, comerciantes y autoridades locales.

Realidad penitenciaria en Manabí y Ecuador

Manabí concentra algunos de los centros más conflictivos del país. En 2025, la provincia registró múltiples incidentes violentos dentro de sus cárceles, en línea con la crisis nacional que acumuló más de 80 muertes en masacres penitenciarias ese año (un incremento del 380% respecto a 2024). Desde 2021, el sistema carcelario ecuatoriano registra más de 800 fallecidos en hechos violentos internos.

Los traslados masivos responden a la estrategia estatal de desarticular estructuras de poder dentro de los recintos, especialmente de grupos como Los Choneros, que históricamente han mantenido control territorial en varios centros. La separación por género y la reubicación de miembros de GAO buscan reducir enfrentamientos y facilitar mayor control por parte de las autoridades.

Sin embargo, la falta de comunicación oficial genera desconfianza. Familiares critican la ausencia de listas actualizadas, información sobre el estado de salud y protocolos claros de visita en los nuevos centros. La incertidumbre se agrava cuando se trata de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Mientras tanto, la comunidad espera respuestas concretas. El destino de la cárcel Tomás Larrea, la salud de los reclusos trasladados y la nueva dinámica de seguridad en las zonas aledañas a las cárceles siguen siendo las grandes interrogantes de este inicio de año en Manabí. (22)