La mañana de este domingo 11 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional de Ecuador admitió a trámite el pedido de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El proceso, impulsado por la asambleísta Viviana Veloz, se sustenta en un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la falta de acciones correctivas ante presiones externas sobre el sistema judicial en casos de narcotráfico.
Decisión en el Consejo de Administración Legislativa
La sesión del CAL concluyó con una votación decisiva que permite la continuidad de la fiscalización. La moción para admitir el trámite fue presentada por la asambleísta Mishel Mancheno, integrante de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). La propuesta contó con el respaldo de seis votos de los miembros presentes, logrando el quórum y la mayoría necesaria para que el expediente sea trasladado a la siguiente instancia técnica.
Cabe destacar que la sesión no contó con la participación de la asambleísta Carmen Tiupul, representante de Pachakutik. Fuentes legislativas señalan que su ausencia ocurre en un contexto de tensiones políticas tras las recientes paralizaciones en la provincia de Imbabura, lo que ha modificado la dinámica de votaciones habitual de la legisladora respecto al bloque oficialista.
El rol de la Comisión de Fiscalización
Tras la aprobación en el CAL, el expediente del juicio político será remitido de forma inmediata a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esta mesa legislativa, actualmente bajo el control de la bancada de ADN, tiene la responsabilidad legal de calificar el proceso. Este paso es fundamental, ya que en esta instancia se determina si el pedido cumple con los requisitos de forma y fondo para proceder a la etapa probatoria.
Si la comisión califica la solicitud, se abrirá un periodo para la actuación de pruebas de cargo y de descargo. Durante esta fase, tanto la parte interpelante como el funcionario cuestionado deberán presentar documentos, testimonios y peritajes que sustenten sus posiciones antes de que se emita un informe final para el pleno.
Causales y fundamentos del proceso
El argumento central para el enjuiciamiento político reside en la presunta omisión de Mario Godoy frente a irregularidades en el sistema de justicia. Específicamente, se le señala por no haber actuado con celeridad ante las denuncias sobre el juez Carlos Serrano, quien presuntamente habría recibido presiones por parte de Henry Gaibor.
Según el expediente, Gaibor —quien mantendría vínculos de amistad con Godoy— habría intentado influir en Serrano para favorecer a un ciudadano de origen serbio involucrado en un proceso por lavado de activos derivado del narcotráfico. La acusación sostiene que el titular de la Judicatura no ejerció su potestad disciplinaria ni garantizó la independencia judicial en este caso crítico.
Alianzas políticas y posturas legislativas
El proceso de fiscalización ha generado un consenso inusual entre diversas fuerzas políticas. Aunque la iniciativa partió de Viviana Veloz, representante de la bancada del correísmo (Revolución Ciudadana), el bloque de ADN ha manifestado públicamente que acompañará el proceso de control. Esta coincidencia asegura, inicialmente, el flujo del trámite a través de las comisiones legislativas.
Por su parte, el correísmo ha solicitado formalmente que en la fase de comparecencias se incluya a exfuncionarios de la Judicatura. El objetivo de esta solicitud es ampliar el espectro de la investigación para determinar si existen otros fallos estructurales o negligencias administrativas que hayan comprometido la transparencia de la Función Judicial bajo la presidencia de Godoy.
Procedimiento y posibles escenarios finales
Una vez que la Comisión de Fiscalización concluya la etapa de pruebas, deberá elaborar un informe que recomiende o no el juicio en el pleno de la Asamblea Nacional. Si el informe sugiere la continuación del proceso, el Presidente de la Judicatura será convocado a una sesión plenaria para ejercer su derecho a la defensa ante los 137 asambleístas.
El escenario final contempla la votación para la censura y destitución. Para que Mario Godoy sea removido de su cargo, se requiere una mayoría calificada de votos. Hasta que se llegue a esa instancia, el funcionario se mantiene en el pleno ejercicio de sus funciones, aunque la admisión del CAL ya representa un precedente de control institucional significativo para el periodo legislativo 2026.
Contexto de la crisis institucional
La situación de Mario Godoy se produce en un momento de alta sensibilidad para el Consejo de la Judicatura, organismo encargado de la disciplina y administración de la justicia en Ecuador. La entidad ha enfrentado constantes críticas por la lentitud en procesos de depuración interna y por la filtración de influencias externas en fallos de cortes provinciales.
La resolución de este juicio político no solo definirá el futuro profesional de Godoy, sino que también enviará una señal sobre la capacidad de la Asamblea Nacional para fiscalizar a las altas autoridades del Estado en un contexto de lucha contra el crimen organizado y la corrupción institucional.
